El otro día recibí mi tarjeta de Medicare, que reconoce mi 65º aniversario y me incluye en uno de los mayores problemas que enfrenta Estados Unidos. Me refiero a la carga que la masiva generación de baby boomers impondrá sobre sus hijos y el futuro de la nación. Ha habido muchas conversaciones serias recientemente, tanto de republicanos como de demócratas, sobre la reducción del déficit presupuestario y el control de los gastos gubernamentales. El problema radica en que casi nadie admite que, para lograr estos objetivos, se deben realizar recortes significativos en los beneficios del Seguro Social y Medicare de los baby boomers.
Si no lo hacemos, seremos condenados a una combinación de políticas inferiores. Podemos elevar los impuestos drásticamente en los próximos 15 a 20 años, aproximadamente en un 50 por ciento a partir de los niveles recientes, para cubrir los subsidios en expansión de los ancianos y los actuales programas gubernamentales. O podemos aceptar permanentemente enormes déficits presupuestarios. Incluso si eso no generara una crisis financiera, probablemente detendría el crecimiento económico y el estándar de vida. Lo mismo sucedería con los impuestos más elevados. Existe una opción final: recortes profundos en otros programas, desde Defensa hasta carreteras y educación terciaria.
Sin embargo, ningún partido político parece interesado en reducir los beneficios de los baby boomers. Hacerlo, se sostiene, sería “injusto” para la gente que planeó su jubilación basándose en programas existentes. Bueno, sí, sería injusto. En verdad, es difícil imaginar un momento peor para los recortes. El desempleo es horroroso; la erosión en el valor de la vivienda y en las cuentas de jubilación ha debilitado la riqueza de los ancianos. Sólo el 19 por ciento de los actuales jubilados se siente “muy seguro” de tener suficiente dinero para vivir “cómodamente”, mientras que en 2007 esa cifra era del 41 por ciento, informa el Employee Benefit Research Institute.
Un dilema
Pero no realizar los cortes sería también injusto para las generaciones más jóvenes y el futuro de la nación. Tenemos un dilema de justicia: tras haber evitado estos problemas durante décadas, ahora debemos ser injustos con alguien. Admitir este hecho es demoler el razonamiento moral para no tocar a los baby boomers. Los baby boomers -yo voy a la cabeza de esa generación- y los beneficios que se les prometieron son el problema. Si se los considera intocables, se evade el problema. En su conjunto, el Seguro Social, Medicare y Medicaid representan dos quintos de los gastos federales, el doble de la porción dedicada a Defensa.
Las soluciones son claras. Las edades requeridas para el Seguro Social (ahora 66 años para plenos beneficios y 62 para beneficios reducidos) podría elevarse gradualmente. Se podrían recortar los beneficios para jubilados más ricos. A los 65 años, los nuevos beneficiarios de Medicare podrían pagar parte o todos sus costes de seguro hasta llegar a la edad requerida para los beneficios plenos del Seguro Social. Aún entonces, los beneficiarios en mejor posición económica podrían pagar primas más elevadas. Estos y otros cambios deben comenzar pronto -en unos años, una vez que la recuperación se fortalezca.
Confesión: he escrito columnas como ésta durante años. Poco ha cambiado. Las primas de Medicare para los beneficiarios más ricos (con nivel de ingresos de 85.000 dólares para individuos y 170.000 para parejas) han aumentado modestamente, afectando a alrededor de un 5 por ciento de los beneficiarios. Pero los políticos temen realizar cambios mayores. Tienen pavor a un ataque de la AARP, el principal lobby de los ancianos, y a la furia de millones de jubilados y casi jubilados. La opinión pública es hostil. La mayoría aprueba la reducción del déficit y pocos aprueban el cambio de los programas que lo crean. En una encuesta Pew, el 58 por ciento de los encuestados se opuso a edades más elevadas para el Seguro Social y el 64 por ciento rechazó primas más altas de Medicare.
Debate ausente
Como sociedad, nos hemos retirado de una discusión franca sobre las responsabilidades públicas y privadas de la jubilación. La cuestión, evadida durante mucho tiempo, es determinar en qué medida el gobierno debe subsidiar a los norteamericanos durante los últimos 20 y 30 años de su vida. El Seguro Social y Medicare han pasado a ser de una red de protección para la edad avanzada a “un sistema de jubilación para la mediana edad”, tal como lo describe Eugene Steuerle, del Urban Institute. En 1940, las parejas que llegaban a los 65 años vivían un promedio de casi 19 años, señala Steuerle. Ahora, la cifra comparable para esas parejas es 25 años. Para los norteamericanos que nacen hoy en día, se proyecta que serán 30 años.
La reorganización del Seguro Social y de Medicare tiene muchos propósitos: extender la vida laboral de la gente; exigir que paguen más costes de su jubilación, en lugar de descansar en subsidios de los norteamericanos más jóvenes; impedir que los gastos de los beneficios a los ancianos perjudiquen otros programas gubernamentales o la economía; crear un electorado mayor a favor del control de costes de la asistencia médica. Los líderes norteamericanos han andado en puntas de pie en torno a estos asuntos, hablando insulsamente sobre limitar los “beneficios” o presentando propuestas de tal complejidad que sólo unos pocos “expertos” comprenden.
Sólo el hecho de que éste sea un momento atroz para hablar de estas cuestiones no significa que no se deba tratarlas. Cuanto más esperemos, más agudo será nuestro dilema sobre justicia. No podemos abordarlo a menos que la opinión pública participe y cambie, pero la opinión pública no participará ni cambiará a menos que los líderes políticos desechen su egoísta hipocresía. Los ancianos merecen dignidad, pero los jóvenes merecen esperanza. La aceptación pasiva del status quo es el camino de menor resistencia -y una fórmula para la decadencia nacional.
COMENTARIOS