Aunque le fue muy mal en el Senado con el DNU, el Gobierno redobló la apuesta y anunció a través de la Oficina del Presidente las nominaciones del juez federal Ariel Lijo y el jurista Manuel García-Mansilla para ocupar dos lugares en la Corte Suprema de la Nación. Para materializar sus candidaturas, no solo deberán obtener el acuerdo de la Cámara alta, sino que para ese aval la Constitución exige una mayoría calificada de dos tercios de los presentes, y hoy el oficialismo no tiene garantizado ese número.
Este será el próximo desafío de la vicepresidenta Victoria Villarruel, que llega a este nuevo reto luego de un traspié legislativo que le costó varios chispazos con el Poder Ejecutivo. La semana pasada, no pudo evitar el rechazo del DNU 70/2023 de Javier Milei y recibió fuego amigo por no seguir dilatando la discusión de la norma que firmó en diciembre pasado el Presidente. Fue con 42 votos que la Cámara alta le bajó el pulgar a la medida con la que el Ejecutivo desregula múltiples áreas de la economía y la política, un número muy cercano al que se requiere para nombrar a los magistrados supremos.
Además del kirchnerismo, que sentó a la totalidad de sus 33 senadores, votaron en contra los radicales Martín Lousteau (Capital), Pablo Blanco (Tierra del Fuego) y Edith Terenzi, que responde al gobernador de Chubut, Ignacio Torres (Pro). También lo hicieron los provinciales Mónica Silva (Río Negro), José María Carambia y Natalia Gadano (Por Santa Cruz), y Lucila Crexell (Neuquén); y los peronistas del bloque Unidad Federal Carlos Espínola (Corrientes) y Edgardo Kueider (Entre Ríos).
¿Se podría repetir este escenario?.
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