El fiscal Esteban Pedernera presentó días atrás los alegatos en la causa que se sigue por la muerte de una mujer en un geriátrico de Junín, ocurrida en 2022, en la que una pareja resultó imputada por abandono de persona, agravado por fallecimiento.
El funcionario solicitó una pena de siete años de prisión para la mujer, Silvia Castaño, y tres años y seis meses para su pareja, Héctor Cruz. Luego de su pase a deliberación, se pronunciará la sentencia el próximo 20 de marzo, a las 12.30.
Pedido de condena
Consultado por Democracia, el fiscal Pedernera señaló que se solicitó para Silvia Castaño, una de las propietarias, “que se la condene a la pena de siete años de prisión, como autora penalmente responsable del delito de abandono de persona, agravado por la muerte de la víctima”, en tanto que para su pareja, Héctor Cruz, se pidió una pena “de 3 años y seis meses, como autor penalmente responsable del delito de abandono de persona”.
Ida Tonarelli tenía 97 años de edad cuando falleció en el geriátrico, propiedad de Castaño y Cruz, que funcionaba de manera ilegal, ya que había sido clausurado solo un mes antes de que ocurriera el hecho.
Muerte de la anciana
En la noche del sábado 18 de junio del 2022, personal policial arribó a un domicilio ubicado en calle Malvinas Argentinas al 200, donde funcionaba un geriátrico, por un llamado que avisaba el fallecimiento de una mujer.
No obstante, a su llegada, las autoridades descubrieron que doce ancianos residentes vivían en una especie de “quincho”, separada de la casa principal y en “malas condiciones”, según informaron oportunamente fuentes oficiales. Y, poco más tarde, tomaron conocimiento que el geriátrico había sido clausurado hacía apenas un mes. Ante la gravedad de la situación, además de personal policial, Policía Científica y de Fiscalía, se hicieron presentes en el lugar el entonces secretario general Luis Chami; el titular de Desarrollo Social del Municipio, que en ese momento era Manuel Llovet y Adriana Summa, al frente de la Dirección de Adultos Mayores.
También funcionarios de PAMI Junín y el doctor Sebastián Meneses, director del Hospital Interzonal General de Agudos en ese momento, para proceder al traslado de los ancianos a los lugares adecuados.
Dicha decisión se tomó porque según señalaron desde Fiscalía, “nadie podía garantizar que la salud de ellos no estuviera afectada por la falta de atención y era necesario que las personas no pasaran ni un día más sin la atención adecuada”.
La pareja que estaba a cargo de esta residencia de ancianos fue aprehendida por orden de la Justicia, por una causa de la Fiscalía N° 4 del Departamento Judicial Junín. En primer lugar, se investigó la muerte de la mujer de 97 años, y en segundo término, también se investigaron las condiciones en que se encontraban los otros doce ancianos, que debieron ser trasladados a distintos centros asistenciales, porque el lugar no estaba en condiciones adecuadas y además pesaba sobre él una clausura definitiva que había tenido lugar el 19 de mayo de ese año.
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