El Gobierno anunció que impulsará cambios en Seguridad Interior, que incluirán desde darle más lugar a las Fuerzas Armadas y además penar con prisión de 4 a 5 años a los dirigentes de organizaciones piqueteras.
En una conferencia conjunta, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y su par de Defensa Luis Petri explicaron el paquete de leyes que será enviado la semana próxima al Congreso para su aprobación. Algunos de sus puntos principales son: legítima defensa y atentado a la autoridad, ley de ADN para delitos, ley contra organizaciones criminales; y penas contra organizadores de piquetes y bloqueos.
En primer término, Petri hizo referencia a la ola de violencia narco en Rosario. "Estamos modificando la ley de Seguridad Interior para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir y realizar operaciones para devolverle la paz a los rosarinos en los supuestos de terrorismo", argumentó.
"Cuando se decida su intervención van a poder equiparse, capacitarse y prepararse para intervenir y para posibilitar realizar tareas de prevención que garanticen la vida la paz de todos los argentinos", agregó. El funcionario señaló como "imprescindible" el trabajo coordinado de los tres poderes del Estado en la lucha contra las bandas de narcotráfico, para impulsar investigaciones criminales complejas y endurecer las penas.
"Las Fuerzas Armadas van a quedar habilitadas a realizar tareas de operación interior, patrullajes, control de personas y vehículos, control de instalaciones y aprehensión en flagrancia para aquellas personas que cometen delitos debiendo dar intervención al juez y fiscal para dar garantías", detalló.
"Nosotros estamos convencidos que la batalla contra los narcos se puede ganar utilizando todo el poder del estado y las herramientas que otorga la Constitución. Estamos enviando estos proyectos para que sean debatidos y aprobados y devuelvan la tranquilidad y la paz a los ciudadanos de Rosario", concluyó Petri.
Por su parte, Bullrich apuntó a los piqueteros. "Proponemos aumento de penas para quienes organicen manifestaciones, cortes de calles, obliguen a gente a que participen bajo promesa de amenazas". En esa línea, se refirió a la reforma del artículo 194 del Código Penal, para poder condenar a los organizadores de las protestas callejeras y que "obliguen a la gente a que participen bajo promesa de amenazas".
En ese sentido, detalló que se recibieron 150.000 denuncias a la línea 134, que están siendo investigadas en la justicia federal.
"Las denuncias que tenemos son impresionantes, abuso sexual, extorsión, obligarlos a ir con sus hijos, denuncias de sacarles una parte importante de su sueldo. Se está en una investigación -que no quiero nombrar par a dar detalles- que es algo muy importante, con 12.000 personas con nombre, apellido, CBU de las cuentas bancarias de personas que se han hecho millonarias explotando a la gente llevándolas a manifestaciones, sacándole parte de dinero y generando esclavización de la sociedad, esas personas van a tener estas penas”.
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