Con apenas 45 días en la Presidencia, Javier Milei afrontará su primer gran desafío sindical. La CGT, con la adhesión de las dos vertientes de la CTA y de la izquierda, activará este miércoles un paro general de 12 horas con movilización al Congreso de la Nación en rechazo a las primeras medidas que impulsó la gestión libertaria a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y de un megaproyecto de ley cuyo tratamiento legislativo se anticipa tenso y con desenlace abierto.
El reclamo sindical, que cuenta con el respaldo político del peronismo y las fuerzas de izquierda, representará un desafío adicional para el Gobierno en lo relativo a su intento de neutralizar las protestas callejeras a través del protocolo antipiquetes. Los organizadores se comprometieron a no interrumpir el tránsito vehicular y acordaron con las autoridades del Ministerio de Seguridad porteño ubicar un escenario a unos metros del Congreso. Oficiarían de oradores Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña, integrantes del triunvirato de mando de la CGT.
Los tres llamaron a “voltear” el DNU y el proyecto de ley, además de lanzar amenazas para aquellos legisladores que avalen las iniciativas. No se descarta que se sume algún orador de la CTA o un representante de los movimientos sociales. El epicentro del reclamo no es casual: los manifestantes buscan condicionar a los legisladores que apoyen la ley ómnibus que el oficialismo considera clave para el futuro de su gestión y que apuesta a aprobar esta semana en Diputados.
La tensión y la desconfianza guiaron el vínculo entre Milei y los gremios desde que el libertario venció a Sergio Massa en el balotaje presidencial. Se abrió inicialmente un canal de diálogo entre la CGT y el ministro del Interior, Guillermo Francos, pero la letra chica del DNU presentado a fin de año dinamitó los puentes. El avance de Milei con la reforma laboral por decreto fue considerado una provocación para los gremios, que sintieron amenazados por primera vez en mucho tiempo su poder de representación y recaudación.
Hubo un intento de renegociar, a través del mercantil Armando Cavalieri y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, pero el enfrentamiento ya estaba abierto. El capítulo laboral del decreto 70/23 quedó suspendido hasta tanto se expida la Corte Suprema después de una seguidilla de fallos judiciales en instancias inferiores que la dirigencia cegetista consideró como un triunfo propio. Así y todo, la CGT mantuvo en pie la huelga. Ahora, la pulseada por la ley ómnibus se traslada al Congreso, donde la CGT y las dos CTA tienen algo de influencia en los bloques ligados al peronismo y en los cinco legisladores de la izquierda.
La huelga se activa en un contexto de inflación desbocada, con paritarias permanentes, y con el Gobierno dispuesto a avanzar con un ajuste del gasto público, que contempla fuertes caídas en el poder adquisitivo de los montos de los planes sociales y el salario mínimo, y también de las jubilaciones. Como réplica al desafío sindical, el secretario de Trabajo, Omar Yasin, congeló el llamado al Consejo del Salario para elevar el sueldo básico, hoy en $156.000.
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