Las tarifas para usuarios residenciales de gas en todo el país se duplicarán desde el mes que viene, si prospera la solicitud de readecuación de los montos que presentaron las compañías distribuidoras y transportadoras.
Solicitaron aumentos de hasta 704% en las tarifas, con distinto impacto según la categoría de usuarios y su zona de residencia, y con ajustes mensuales en base a un indicador que elabora el Indec.
“Aún no se puede saber cuánto va a aumentar la factura, porque eso lo define la secretaría de Energía. Se pidió entre un 300 y 400 por ciento de aumento, en los distintos rubros (transporte, distribución), eso no quiere decir que vaya a aumentar la factura un 300 o 400 por ciento”, afirmó a Democracia Pablo Torres, presidente de Grupo Servicios Junín.
Camuzzi Gas Pampeana (distribuidora que comercializa el gas a Grupo Servicios Junín) y Camuzzi Gas del Sur, a través de su directivo Alejandro Pérez, solicitó una recomposición tarifaria "en función de los atrasos" que llega a 421% en Pampeana y 543% en Sur. De este modo, el usuario de mayor consumo en Pampeana paga hoy $6.662, y con la recomposición pasaría a pagar $12.383; en el caso de Sur, hoy paga $4.164 y pasaría a abonar $7.430.
"La recomposición implica un aumento para el 65% de los usuarios de Pampeana menor a $4.500, y para el 76% de los de Sur, el aumento es menor a $3.500 por mes", detalló el ejecutivo. También enumeró los efectos del atraso tarifario: readecuación de inversiones, afectación de la cadena de pagos e inexistencia de la rentabilidad prevista por el marco regulatorio.
José Luis Kelly, presidente del Instituto de las Subdistribuidoras de Gas Argentina, afirmó a Democracia: "El secretario de Energía habló de la situación con números llamativos, por ejemplo, remarcó que, hoy, se paga un 17% del precio del gas en boca de pozo, eso significa que el precio del gas se tendría que multiplicar unas seis o siete veces”. Y agregó: "El atraso es tan grande que data de al menos cuatro años. Las distribuidoras reclaman un cambio en el precio y, sobre todo, hacen hincapié en el precio del cargo fijo".
Sobre las subdistribuidoras, afirmó: "Nosotros pedimos que, si hay subsidio, que nos lo den a las subdistribuidoras, que no nos discriminen en el precio, porque hasta ahora el precio que le daban al residencial y pequeño comercio era menor que el del coeficiente de salida".
"Todos hacen hincapié en que no es el momento de aumentar. Y la verdad es que nunca es el momento, el momento no existe", apuntó a Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires (ver recuadro). Y vaticinó que el aumento del precio del gas rondará el 200%.
Retraso tarifario
En este marco, la distribuidora Metrogas, que fue representada por Sebastián Mazzuccheli, consideró necesario impulsar una "actualización tarifaria razonable, periódica y acorde a lo establecido a la licencia". También propuso que las tarifas se ajusten con periodicidad mensual, en base al Índice de Precios Internos al por Mayor-Nivel General (IPIM) publicado por el INDEC, y que se aplique un cargo fijo mensual para todas las categorías.
Así, reclamó un aumento de 438% a 704% para usuarios residenciales de acuerdo con el segmento que correspondan, con un impacto del 30% en la factura final. Con ese ajuste, explicó que en el caso de un usuario residencial de Nivel 1 (R1) el incremento sería de $2.819 promedio por mes, de Nivel 2 $3.019 y de Nivel 3 $2.967.
Por su parte, las distribuidoras Naturgy y Gasnor, representadas por Marcela Córdoba, solicitaron una adecuación tarifaria de 413% promedio, que se aplicará al margen de distribución, con actualización posterior a través del IPIM. Así, la directiva indicó que la incidencia de ese ajuste en la tarifa final usuario residencial de Naturgy Nivel 1, será de $5.416 por mes en distribución, con la tarifa final en $11.124.
En el caso de Gasnor, para el usuario residencial Nivel 1 será $3.823 por mes, con tarifa final $8.076. Según dijo, esa propuesta "representaría solo el 2% del salario promedio medido por el RIPTE".
A su turno, María Morra, de Distribuidora Gas del Centro y Distribuidora Cuyana, solicitó una suba de 449% en el área de concesión de la primera de esas compañías, y del 325% en la segunda, que representaría un impacto promedio final de 190% para ambas distribuidoras.
La directiva explicó que la factura promedio actual de los usuarios residenciales de las dos empresas está en alrededor de $4.500 mensuales, "cifra que representa solo el 1,1% de la Canasta Básica que mide el INDEC", aseguró.
En ese sentido, comentó que el impacto final en las facturas de Centro será, en promedio, de $5.000, mientras que en Cuyana, de $6.000. Néstor Molinari, de Litoral Gas, detalló que, para esa distribuidora, es necesario que la factura promedio mensual para un usuario de Nivel 1 pase de los $5.834 en la actualidad, a $10.876 desde el mes que viene, con una adecuación de $3.584 por mes más impuestos.
"Facturas más previsibles permitirán minimizar el impacto en el presupuesto familiar en meses de mayor consumo", consideró el empresario.
En cuanto al transporte, Transportadora de Gas del Norte (TGN) -a través de Guillermo Cánovas- solicitó un ajuste de 523,5%. Según el directivo, el impacto de ese porcentaje en la factura de un consumidor residencial promedio de Tucumán, que hoy paga $2.857 por mes, será de $650, lo que representa un aumento de 23%.
Un usuario residencial Nivel 1 de la Ciudad de Buenos Aires que paga $4208 por mes, tendrá un incremento de $2.077 en concepto de transporte, con un incremento del 49%, según el cálculo de esta empresa. Para Cánovas, existe una "necesidad impostergable de aprobar un régimen tarifario de transición" ya que, explicó, "desde abril de 2018 a diciembre de 2023, nuestros costos se multiplicaron por 29 y las tarifas por 5. La inflación no reflejada en tarifas en ese período fue del 523%. Esto significa que los ingresos reales de TGN e redujeron a un sexto producto del atraso tarifario".
"Ese retraso tarifario llevó a la empresa a acumular una pérdida operativa de $7.868 millones entre enero y septiembre de 2023", puntualizó. En tanto, Transportadora de Gas del Sur (TGS), que fue representada en la audiencia por Rubén de Muría, solicitó un ajuste de 567,3% que, según dijo, es "igual al porcentaje de retraso tarifario desde marzo de 2019 a diciembre de 2023".
El directivo detalló que la categoría R1 paga en promedio $132 promedio por mes en concepto de transporte y, con la readecuación tarifaria, pasaría a pagar $878.
También consideró necesaria la determinación de la actualización mensual de las tarifas de transporte y distribución por medio del IPIM.
Aumentos
El Foro Bonaerense de Servicios Públicos manifestó, ayer, que si prosperan los pedidos de actualización de costos y el traslado a las tarifas propuestos por las empresas distribuidoras de gas, los sectores de ingresos medios tendrán un incremento en las boletas del 300%; los de bajos ingresos, del 180%; y la clase alta, del 150%.
En un informe, el Foro indicó que los usuarios residenciales del servicio del gas en la provincia de Buenos Aires alcanzan un total de 4.119.113, de los cuales 1.522.988 son usuarios de ingresos altos (N1) y pagan la tarifa plena sin subsidios. Otros 1.628.028 tienen ingresos bajos (N2) y mantienen el 70% de subsidios; y 968.097 están identificados como personas con ingresos medios (N3) y mantienen el 40% de los subsidios y el resto lo abonan al precio que cueste el metro cúbico de gas (se mide por consumo promedio).
Precisaron que las entidades de bien público y los clubes de barrio tienen una bonificación en el precio del gas del 75% y se apuntó que en 2023 se estableció una bonificación de los precios del gas natural para los usuarios y usuarias de Servicio General “P” que estén inscriptos o se inscriban en el Registro de Empresas MiPyMES.
De la misma manera, hoy la tarifa social se aplica a los hogares residenciales en situación de vulnerabilidad socioeconómica y consiste en la bonificación sobre un bloque de consumo subsidiado al 100%. En la provincia de Buenos Aires, 539.781 hogares tienen tarifa social.
El Foro Bonaerense de Servicios Públicos indicó que el proyecto de Ley Ómnibus del Poder Ejecutivo "apunta a poder 'crear, modificar, transformar y/o eliminar los fondos fiduciarios del sector energético, inclusive los destinados a subsidios', por lo que si esta iniciativa prospera, ya no sería obligatorio que el Congreso revisara el origen y el destino de los fondos para subsidios energéticos".
"Sin esta regulación, si se modificaran y/o se quitaran los beneficios existentes para los usuarios residenciales y las entidades de bien público, el impacto del incremento en las boletas sería pleno", se subrayó.
El Foro está compuesto por organizaciones sindicales, de defensa de los usuarios y consumidores, especializadas en la materia energética y sanitaria, organizaciones no gubernamentales en general, especialistas, académicos y autoridades gubernamentales.
Katopodis: “Es un incremento abusivo”
El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, realizó su exposición en la audiencia pública por el incremento en las tarifas de gas propuesto por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).
Durante su exposición, Katopodis expresó: “Es inadmisible que en este contexto de la Argentina las empresas del sector privado vengan a plantear un incremento abusivo con un ajuste mes a mes, que rechazamos de manera clara y categórica.” Y agregó: “No venimos a poner palos en la rueda, queremos que el Gobierno Nacional entienda que hacen las cuentas al revés: aumentan los servicios y prepagas, y bajan salarios y jubilaciones. El resultado es familias angustiadas”.
“No es viable un modelo en la Argentina que no incluya a la industria nacional, a los trabajadores y a la clase media. Desde la Provincia de Buenos Aires vamos a defender a nuestra gente”, concluyó Katopodis.
Durante la jornada, Katopodis convocó al Foro Bonaerense de los Servicios Públicos para exponer las inquietudes sobre los posibles alcances de los incrementos en las tarifas. Este Foro está compuesto por organizaciones sindicales, de defensa de los usuarios y consumidores, además de organizaciones especializadas en la materia energética y sanitaria, ONG's en general, especialistas académicos y autoridades gubernamentales.
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