Entre urgencias políticas y demandas sociales

El gobierno de Cambiemos ya consumió el 20% de su mandato de cuatro años y no pudo articular todavía una política de largo plazo. Entre la “herencia recibida” y el asentamiento de funcionarios que en su mayoría no tenían experiencia en el Estado nacional, la gestión del presidente Mauricio Macri se la pasó atendiendo urgencias. En la última semana, el cortoplacismo también dominó la agenda.
Por caso, monopolizó la reunión inicial de la esperada mesa de diálogo tripartito entre el Gobierno, los gremios y las empresas, al imponerse la discusión del bono de fin de año sobre los problemas sistémicos del campo laboral y productivo argentino. La crisis de seguridad y violencia que padece el país –como lo demostró la marcha de “Ni una menos”- también requiere cambios estructurales, aunque aún acertando con el camino para superar esta situación se necesita mucho tiempo.
El propio Gobierno acuñó el término “transición” para caracterizar su primer año en el poder, en la búsqueda de que no se diluyan las expectativas que buena parte de la sociedad depositó en las reformas prometidas por la alianza gubernamental. Por eso tanto Macri como su mano derecha, Marcos Peña, insisten en mantener una “mirada de futuro” pese a las dificultades de coyuntura.
En ese marco, el Presidente habla de tender “un puente entre la Argentina de hoy y la que va a ser”. El mandatario lo remarcó ante influyentes empresarios y lo repitió en la cena de la fundación de Margarita Barrientos, el viernes. Un mismo mensaje para sectores de lo más disímiles, que por cierto tienen sus razones para demandar al Gobierno que apure soluciones económicas y sociales.
En el caso de los empresarios, se están haciendo cargo de pagar a sus empleados un plus básico de $2.000, como una muestra de buena voluntad ante el triunvirato de la CGT que a su vez planchó el paro general que se estaba gestando pero que, en el fondo, representa una señal de claro apoyo al Gobierno. Pese a que a veces se lo pone en duda, el sector privado respalda al presidente Macri, sin dejar de lado las apetencias de algunos sectores.
Por eso sonó algo exagerada la exhortación del mandatario a “romperse el traste” para que la economía empiece a crecer, mientras que el propio Gobierno aún no precisó el alcance del bono que pagará a los empleados públicos nacionales. En ese punto, los gremios estatales esperan que el anuncio se realice entre el miércoles y el viernes próximos. Los gobernadores estarán atentos.
Las administraciones provinciales saben que inmediatamente después de la medida que se adopte a nivel nacional, los sindicatos locales reclamarán una compensación similar. Por eso ya hubo conversaciones informales entre varios gobernadores, entre ellos la bonaerense Vidal y el santafesino Lifschitz, para tratar de llegar a una postura común que  pueda llevarse a la práctica.
No es un escenario sencillo para las Provincias, ni tampoco para los intendentes de todo el país, que en conjunto reúnen -por lo menos- 2,5 millones de empleados en sus plantillas. El propio Gobierno nacional otorgará el bono –tanto para estatales como para jubilados y beneficiarios de planes sociales- a costa de seguir aumentando el déficit fiscal, que este año creció 10 puntos más que los ingresos.
Tal vez por ello o porque para el año próximo, que tendrá elecciones, la gestión de Cambiemos priorizará el gasto en obra pública, es que el proyecto de Presupuesto 2017 contempla algunos recortes cuestionados, como en el área de ciencia o del respetado Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Hasta ahora, las explicaciones oficiales en este punto fueron insuficientes.
Como parte del paquete presupuestario, el Poder Ejecutivo aceptó limitar los “superpoderes” que tiene el jefe de Gabinete para reasignar partidas, una facultad que el kirchnerismo utilizó a discreción cuando estuvo en el poder. Esa modificación a la Ley de Administración Financiera será tratada en la Cámara de Diputados el 2 de noviembre, acordaron las autoridades del cuerpo.
El próximo miércoles, en tanto, se debatirá en el recinto la reforma al Ministerio Público, que incluirá un recorte del mandato de la procuradora Gils Carbó –identificada con Cristina Kirchner-; y el régimen de participación público-privado, que combina esfuerzos del Estado con las empresas. La agenda parlamentaria está cargada hasta el 30 de noviembre, con el impuesto a las Ganancias.
Sergio Massa ya va fijando su actividad en vistas del 2017, que será un año electoral. Teniendo en cuenta las demandas sociales no hará, por ahora, una oposición cerril pero irá planteando temas que respondan a los consensos sociales como en relación a la seguridad o a la situación de los jubilados, para posicionarse como única alternativa mientras el PJ se debate entre kirchneristas y renovadores.
Una de las protagonistas de esa contienda será Margarita Stolbizer. La diputada del GEN, que consolida su alianza con Massa, reprochó  al PRO que la demora en el avance de las causas judiciales contra Cristina Kirchner es funcional a la estrategia electoral de Cambiemos, al que le conviene que la ex presidenta sea una cuña para dividir al peronismo.
El Gobierno sintió el impacto de la acusación de Stolbizer y también debió manifestar su preocupación por el supuesto parate de las causas que investigan a la ex familia presidencial. En forma sugestiva, la Justicia Federal dio luego los primeros pasos para ampliar la imputación a Cristina Kirchner por los millonarios contratos de obras públicas que beneficiaron a Lázaro Báez.
La Justicia deparó la última semana otra novedad ingrata para los argentinos: ordenó al Estado nacional pagar una indemnización de 350 millones de pesos a los empresarios Ciccone por la expropiación de la imprenta que –según se investiga- quiso apropiarse Amado Boudou cuando era vicepresidente. Así, le puso un precio contante y sonante a un caso emblemático de corrupción.
Si no fuera dramático, podría calificarse de insólito. Lo mismo puede afirmarse del apoyo institucional que el PJ nacional le dio al gobernador Gildo Insfrán luego de que fuera detenido un camión que llevaba miles de kilos de marihuana camuflados en la carga de zapallitos. Para infortunio del caudillo formoseño, la empresa transportista pertenece a un miembro de su familia.
El pejotismo está en crisis, eso no es una novedad. Y encima se encamina a afrontar dividido el año electoral. En ese marco, ya se alzan voces que reclaman la convocatoria a elecciones internas que legitimen una conducción distinta de la dupla Gioja-Scioli. Las transformaciones sociales y políticas pasan lejos de la estación del PJ.
La multitudinaria marcha “Ni una menos”, que concientizó sobre la violencia de género, no pudo ser capitalizada por Cristina pese a que se presentó como una perseguida política por su condición de mujer.
Nadie podría arrogarse semejante convocatoria. La violencia contra la mujer hunde sus raíces en casos como los femicidios de Alicia Muñiz en la década del 80 y María Soledad Morales en los ´90. Se trata de un colectivo que hace rato excedió las fronteras del feminismo, por lo cual ahora es masivo. Y la política no da muestras de que pueda contener hoy las nuevas demandas sociales.